Lima, 13 ago (EFE).- El juez Jorge Chávez Tamariz dictó este jueves la prisión preventiva por cinco meses contra el expresidente de Perú Martín Vizcarra (2018-2020) para evitar que rehuya a una eventual condena en el juicio por el delito de cohecho pasivo propio, a raíz de los presuntos sobornos recibidos cuando era gobernador regional de Moquegua (2011-2014).
En una audiencia pública, el magistrado dio lectura a la resolución después de la argumentación del fiscal Germán Juárez, que detalló el pago de los sobornos por 2,3 millones de soles (611.000 dólares) de las empresas adjudicatarias de las obras Lomas de Ilo y ampliación del Hospital de Moquegua, a solicitud del entonces gobernador regional.
El juez de primera instancia consideró que existe peligro procesal y peligro de fuga al argumentar que el exmandatario no tenía arraigo laboral ni familiar porque su esposa, Maribel Díaz, e hijo menor viven en otra ciudad, y que al menos uno de los contratos de trabajo presentados es «cuestionable» porque la empresa es dirigida por su esposa y sus accionistas son sus hijas.
Tras la resolución, Vizcarra fue conducido por la Policía Nacional a la carceleta del Poder Judicial, a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) autorice su ingreso en la prisión de Barbadillo, donde están recluidos también los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), por una condena de lavado de activos, y el expresidente Pedro Castillo (2021-2022), procesado por su fallido intento de golpe de Estado.
El magistrado afirmó que existían fundados elementos de convicción sobre la comisión de delito para dictar su prisión preventiva por el nivel de sospecha grave y peligro procesal razonables.
Antes de conocerse la resolución, Vizcarra declaró ante el juez que seguía confiando en el Poder Judicial, a pesar del «vía crucis» al que se consideraba injustamente sometido.
El exmandatario aseguró que su arraigo laboral era «pleno», y que había viajado seis veces a nivel nacional, en los últimos meses, para «cumplir con los objetivos» que tenía con los contratos de trabajo y con el partido político Perú Primero, que fundó con miras a las elecciones generales de 2026, donde busca ser candidato presidencial, si bien cuenta con tres inhabilitaciones aprobadas por el Congreso.
Fiscalía pide condena de 15 años de cárcel
El magistrado aclaró que, con su decisión, «no determinó culpabilidad», sobre el delito de cohecho, porque el principal sustento es el peligro procesal del acusado.
En ese sentido, explicó que se trata de una medida de coerción para someterlo a un proceso penal, en el que se solicita una pena de 15 años de cárcel.
Durante la audiencia, el fiscal Juárez remarcó la gravedad del delito imputado a Vizcarra y la pena solicitada en la acusación, los cuales considera que representan un riesgo de fuga antes de su sentencia.
Además, el fiscal criticó que Vizcarra sostenga que tiene arraigo laboral con base a un contrato con una empresa de la que su esposa es representante y acordó con él un pago diferido a nueve meses.
Asimismo, Juárez dijo que el exmandatario figura como candidato presidencial del partido Perú Primero pero que no existe ningún contrato de asesoramiento, como asegura su defensa.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que existe un «proselitismo político» como candidato para elecciones 2026, a pesar de haber sido inhabilitado por el Congreso para ejercer cargo público, y que se trata de «un contrato para aparentar que tiene arraigo laboral».
Vizcarra apela decisión del juez
Por su parte, el abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, apeló la medida de prisión preventiva y afirmó que Vizcarra no estuvo en la ciudad de Lima en la fecha que la Fiscalía sostiene que mantuvo un encuentro con representantes de la empresa ICCGSA para recibir personalmente uno de los pagos ilícitos en 2016.
El fiscal Juárez indicó que Vizcarra pidió supuestamente una comisión de 2 % del contrato para la obra de irrigación Lomas de Ilo en 2013, que se tradujo en dos pagos de 400.000 y 600.000 soles, consignados como préstamos en los registros contables de la empresa Obrainsa, favorecida con la adjudicación.
Juárez afirmó que los exejecutivos de Obrainsa han corroborado los pagos, mediante un proceso de colaboración eficaz (delación premiada) con la Fiscalía, y que fueron sentenciados por estos hechos.
Asimismo, el fiscal expuso ante el magistrado del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que, en el caso de la ampliación del Hospital de Moquegua, Vizcarra condicionó la adjudicación de la obra al pago de 1,8 millones de soles (510.000 dólares).
La ultima entrega fue presuntamente en 2016, cuando Vizcarra ya era ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), a quien sucedió en el cargo en 2018.
