Madrid, 6 mar (EFE).- Vox ha exigido este jueves a la Mesa del Congreso de los Diputados que no admita la tramitación de la proposición de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña.
El escrito registrado por el partido de Santiago Abascal denuncia la “manifiesta incompatibilidad” de la iniciativa legislativa con el orden constitucional al afectar “directamente” al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Vox ha pedido además que los servicios jurídicos de la Cámara elaboren un informe acerca de la adecuación de la proposición de ley orgánica impulsada por socialistas y nacionalistas a la Constitución.
Y, en el caso de que finalmente sea admitida, que se someta a las mínimas exigencias de un proyecto de ley y, por tanto, se recaben todos los informes preceptivos para esta iniciativa legislativa, como son los del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha defendido en una rueda de prensa que las competencias en inmigración son exclusivas del Estado. “No pueden ser ni transferidas ni delegadas”, ha subrayado, a pesar de que desde el Gobierno y el PSOE repitan como “papagayos” que cuenta con el aval constitucional.
No obstante, ha apuntado que la Constitución “últimamente viene diciendo lo que quiere el Partido Socialista que diga”, porque “ya se encargan ellos de avisar a Pumpido y encargarle cuál va a ser su próxima resolución”, ha dicho en alusión al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
Según la diputada, “cada una de estas cesiones que al principio no cabían en la Constitución y que luego, mágicamente, pues caben, van a servir para reforzar los instrumentos del golpe y expulsar al Estado de Cataluña, por mucho que los miembros del PSOE llamen pacto o capacidad de diálogo a lo que no es más que mercadeo y chantaje”.
Ha insistido en que el control de fronteras es una consecuencia práctica del ejercicio de la soberanía que recae sobre una nación, lo que, en su opinión, “entienden perfectamente los separatistas y por eso la reclaman”.
“Lo único que les interesa a los separatistas es conseguir de facto la ruptura con España, expulsando de Cataluña a todo lo que tenga que ver con ella y usurpando funciones exclusivas del Estado, como las de la Guardia Civil o la Policía Nacional”, ha denunciado.
Ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ceder ante quienes han convertido Cataluña en la “cuna del islamismo en Europa” para mantenerse en el poder, admitiendo lo que “llevan años calificando como de extrema derecha”.
Justifica así el acuerdo hablando de población nacida fuera de Cataluña, con lo que equiparan “alguien que nace en Córdoba o en Cáceres con alguien que viene del Magreb” y recogiendo la necesidad de integración, pero “no la integración en España, la integración en el nacionalismo catalán”, ha puntualizado.
Preguntada por el retorno de la sede de la fundación bancaria La Caixa y de Criteria a Cataluña, ha recalcado que, en contra de lo defendido por el Gobierno, la “anormalidad” sigue instalada en Cataluña, donde una “casta política privilegiada” se dedica a “saquear a todos los españoles” con la condonación de parte de la deuda autonómica.
“En Cataluña, por mucho que pretendan hacérnoslo ver, no hay normalidad y no va a haber normalidad hasta que no se termine con la financiación y con el desarrollo de ese plan de desmantelamiento nacional iniciado por los separatistas”, ha asegurado.
