Quito, 25 jun (EFE).- El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) valoró de forma positiva el proyecto de Ley de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local promovido por el Gobierno de Ecuador, aunque advierte que requiere ajustes para asegurar una conservación y administración efectivas de estos espacios naturales.
Esta normativa, impulsada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, tiene como objetivo recuperar territorios ocupados por economías ilegales y dinamizar el turismo sostenible mediante inversión privada regulada.
María Inés Rivadeneira, gerente de Políticas de Gobernanza de WWF en el país andino, afirmó que, pese a que el 20 % del territorio nacional está protegido bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, estos entornos «no gozan en este momento de los suficientes recursos, capacidades o procesos de gestión adecuados para mantenerse de una manera acorde a lo que se necesita”.
Para reforzar las capacidades de un sistema de manejo de zonas protegidas “adecuado”, Rivadeneira explicó que, por encima de cualquier otra medida, lo prioritario es la aplicación integral del plan de manejo correspondiente para cada zona.
“Necesitamos saber que tiene el número de guardaparques suficientes para que puedan ejercer mecanismos de regulación y control adecuados, para que puedan hacer patrullaje, para que puedan hacer monitoreo, para que puedan generar los datos y estos datos que permitan tomar buenas decisiones», subrayó la gerente.
Con el fin de mejorar la administración de estos enclaves protegidos, WWF plantea la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una nueva estructura que “permitiría tener una gestión más activa, más directa y también una circularidad de los recursos más adecuada”.
La portavoz explicó que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) ya conoce esta propuesta, que debería constituirse como “un servicio público que puede recibir recursos de diferentes fuentes”, siguiendo el modelo de países vecinos como Brasil, Colombia y Perú.
WWF también insistió en que la ley debe garantizar que “los ingresos que se generen para las áreas protegidas tienen que beneficiar a las comunidades locales y a los pueblos indígenas que habitan dentro de las áreas o en las zonas aledañas”, y que estos recursos “tienen que reinvertirse en las mismas áreas”.
Voces críticas en la Asamblea
Sobre las objeciones planteadas por diversos sectores de la Asamblea Nacional (Parlamento), que alertaron de que esta normativa podría facilitar grandes inversiones extranjeras en espacios naturales, Rivadeneira pidió al Gobierno que establezca de forma explícita que “se van a respetar los derechos territoriales de comunidades locales y pueblos indígenas”.
“Que se deje muy claro cuál es el rol de la Autoridad Nacional ambiental, cuál es el rol de las comunidades, cuál es el rol del sector privado y de otros sectores”, exigió.
Respecto a las actividades turísticas dentro de áreas protegidas, la representante de WWF aconsejó modelos de bajo impacto como el ecoturismo, el turismo comunitario o el turismo de naturaleza.
