Madrid, 6 mar (EFE).- Un estudio sobre el lobo ibérico elaborado por WWF en once comunidades autónomas -todas las que cuentan o han contado “hasta tiempos recientes” con presencia del lobo-, concluye que la gestión autonómica en la protección de esta especie “única y esencial para la salud de los ecosistemas” es “un suspenso generalizado”.
Tras cuatro años de su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y tres desde la aprobación de la estrategia nacional, la organización conservacionista considera que “ninguna región cumple lo que WWF considera el mínimo necesario para garantizar su correcta conservación”, y hace “especial énfasis en aquellas medidas que pueden contribuir a reducir y mitigar los conflictos sociales y la persecución ilegal de la especie”.
La evaluación se ha basado en cuatro apartados principales: dos de ellos directamente relacionados con la coexistencia con la ganadería extensiva -las medidas de prevención y los mecanismos de compensación frente a ataques-, otro conectado con la participación social en la gestión de la especie y la transparencia de las administraciones y un último apartado vinculado a su protección -el rigor científico del seguimiento poblacional, planificación y lucha contra el furtivismo-.
Por CCAA
El análisis incluye a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco (Álava y Vizcaya aparecen por separado porque tienen las competencias delegadas), Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía.
Durante la presentación del documento, el coordinador de conservación de WWF, Luis Suárez, ha destacado las “disparidades” apreciadas, con Cataluña como región con las políticas mejor valoradas (81 % de aprobación), seguida de la provincia de Álava (71 %), Galicia (63 %) y la provincia de Vizcaya (60 %).
En la franja media figuran Cantabria y La Rioja (ambas con el 58 %), Madrid y Asturias (las dos con el 56 %) y Castilla y León (55 %), mientras las que obtienen una evaluación más negativa son Castilla-La Mancha (49 %), Aragón (44 %) y Andalucía (28 %).
Suárez ha lamentado que las CCAA con presencia histórica del lobo “muestran resistencias y una lenta adaptación a los nuevos niveles de protección legal” y ha subrayado la “necesidad de despolitizar el debate en torno al lobo” y garantizar la coexistencia con el mundo rural.
Además, aunque “nunca ha habido tanto dinero para compensación de daños”, se queja de la “preocupante falta de trazabilidad” en el destino de los 20 millones de euros anuales destinados por el Estado para la aplicación de medidas preventivas y el pago de compensaciones por daños a la ganadería.
Pese a todo, mejor que antes
A pesar de su evaluación negativa, WWF reconoce que la comparación con la situación en 2021 “muestra un sensible progreso” en el tratamiento del problema, “con la mitad de las CCAA mejorando su valoración en prevención de daños” y “más de la mitad aumentando en el apartado de planificación y conservación”.
La puesta en marcha de la actual estrategia, afirma el texto, ha traído “una cierta mejora y un avance en la buena dirección”, aunque considera “crucial mantener el rumbo” porque “queda mucho por hacer”.
“El lobo tiene pocos enemigos, excepto el ser humano”, ha sentenciado Suárez, quien lamenta que “todavía lo persiguen multitud de mitos y falsas creencias” que lo señalan como “culpable de muchos de los males del mundo rural”,
En el documento, WWF plantea diversas peticiones, como un sistema de reporte unificado para comparar mejor los daños en las distintas regiones y el impacto en las medidas de prevención, una transferencia de fondos “regular y en tiempo” a las CCAA, la creación de una red nacional de mastines que incluya un programa de donación e intercambio de estos guardianes de rebaños, la puesta en marcha de la Mesa Nacional del Lobo y la aprobación de una Estrategia Estatal para la Ganadería Extensiva y de planes regionales similares, entre otras.
