El Defensor del Pueblo ve imprescindible mejorar la situación de los educadores sociales

Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo; Lourdes Menacho, presidenta de CGCEES; Mª Victoria Rodríguez, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura; Pablo Sánchez, director general de CGCEES; Xavier Puig, vocal de la Junta de Gobierno de CGCEE; Isabel Aymerich, directora del Gabinete del Defensor del Pueblo; Rafael Muguruza, director del Área de Sanidad del Defensor del Pueblo, y Antonio Fernández, técnico del Defensor del Pueblo. EFE/@DefensorPuebloE

Madrid, 26 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este miércoles con una delegación de educadores sociales, tras el asesinato en Badajoz de Belén Cortés en un piso tutelado, en la que ha transmitido a estos profesionales que es imprescindible que se mejoren las condiciones en las que trabajan.

La reunión ha tenido lugar en la sede del Defensor, y a ella han acudido una delegación del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), encabezada por su presidenta, Lourdes Menacho, así como María Victoria Rodríguez, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura.

Gabilondo ha explicado en el encuentro las actuaciones de oficio que esta institución ha emprendido ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y con la Fiscalía General del Estado tras el caso de la educadora Belén Cortés, asesinada en Badajoz, el pasado 9 de marzo, presuntamente por tres menores que estaban bajo su custodia en un piso tutelado.

“Es imprescindible que se mejoren las condiciones en las que trabajan las educadoras y los educadores sociales”, ha transmitido Gabilondo, quien ha advertido de que en “muchos casos se detectan problemas estructurales de organización y de plantillas de personal” en los centros y pisos tutelados.

El Defensor del Pueblo y la presidenta del CGCEE han acordado seguir manteniendo contacto y para valorar si las respuestas de las administraciones, tras las gestiones del Defensor del Pueblo y del propio CGCEE, permiten a las educadoras y los educadores sociales desarrollar su trabajo en mejores condiciones laborales y en entornos seguros.