Sagrario Ortega
Madrid, 17 abr (EFE).- España es un país agrícola en el que el uso de productos fitosanitarios para prevenir plagas es más que necesario. Los malos lo saben y se organizan para venderlos ilegalmente e, incluso, falsificarlos, pero el Seprona de la Guardia Civil no les da tregua: solo en tres campañas de inspección se ha incautado de 100 toneladas de pesticidas ilícitos.
La última operación, llamada Dusku, la llevó a cabo la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona contra una red criminal que vendió 25 toneladas de productos fitosanitarios sin autorización, por un valor de 400.000 euros. Se detuvo a siete personas.
Una intervención que fue consecuencia de otra anterior en la que se localizaron en Irún (Gipuzkoa), Arenales del Sol (Alicante) y Castres (Francia) 26 toneladas de esos productos no regulados. Al frente estaba una banda que habría ganado cuatro millones de euros con esa actividad ilícita.
Y es que el trafico ilegal de los pesticidas es un negocio goloso para las “malas hierbas” que intentan entrar en él y enturbiar un sector que, en general, se caracteriza por el riguroso cumplimiento de la normativa, como recalcan a EFE responsables de la Ucoma.
Más allá del perjuicio económico
Según datos del Ministerio de Agricultura, España es el primer productor de la UE de frutas y hortalizas, con más del 25 por ciento de la producción europea, y el cuarto a nivel mundial tras China, EE. UU. y Países Bajos.
Usar fitosanitarios no autorizadas puede causar un impacto en la seguridad y en la salud de los ciudadanos, un riesgo que asumen los falsificadores.
Tradicionalmente, la lucha contra este fenómeno se ha enfocado como un delito contra la propiedad industrial y contra la salud pública, combatiendo a redes dedicadas a las copias ilegales o falsificaciones de marcas y empresas legales.
Porque estos grupos saben que el cliente conoce la fama de esa marca y su eficacia, y entonces pica. Lógicamente, esta actividad ilícita repercute económicamente en las empresas de fabricación y suministro legales.
En 2022 el Seprona decidió dar un giro más de tuerca y dirigir también la investigación a esta problemática: la presencia de sustancias desconocidas en la composición del pesticida, es decir, tóxicos no autorizados que al aplicarse sobre el terreno y filtrarse en los acuíferos conllevan un riesgo para el medio ambiente, entre otros riesgos no deseados.
Así, a los delitos contra la propiedad industrial y contra la salud pública, se suman los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque aunque sus efectos sobre nuestro hábitat no se perciban de inmediato, como sí ocurre en la alimentación, a medio y largo plazo pueden ser muy graves.
Incluso los investigadores añaden a esa lista el delito de riesgo catastrófico cuando el producto no está almacenado en las condiciones exigidas por la normativa de seguridad que regula este sector, una de las más exigentes no solo para el almacenamiento, sino también para la comercialización y aplicación de los fitosanitarios.
De hecho, al aplicador se le exige que lleve un equipo de protección individual (EPIs) y a todos los profesionales involucrados una mínima formación. Asimismo, se obliga a contar con un carné de usuario profesional con cuatro categorías según las funciones desarrolladas por quien manipula o aplica estos productos o el nivel de toxicidad de los mismos.
Y para las aplicaciones aéreas, cuyo uso se limita a casos especiales -se están utilizando ya también drones- se exigen requisitos adicionales.
Los ‘modus operandi’
Fundamentalmente, los malos actúan de dos formas para distribuir al cliente final el producto: o bien lo adquiere ya ilegal, es decir, no tiene autorización para venderse y usarse en España, o bien compra los componentes por separado, los formula o mezcla en nuestro país sin control alguno y los distribuye.
Una formulación casera que conlleva riesgos. Porque como explican los expertos de la Ucoma, elaborar legalmente un fitosanitario tiene su complejidad y por eso es caro. De hecho, desde que una empresa decide desarrollarlo hasta que está listo para su venta pueden transcurrir cinco años.
Y es que pueden ser muy buenos para eliminar plagas, pero también muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente si no se manipulan y usan adecuadamente siguiendo las indicaciones que constan en su autorización.
Es la UE quien limita las sustancias que no se pueden emplear en la formulación de los fitosanitarios y elabora la lista de los componentes activos permitidos. No en pocas ocasiones algún país decide ser aún más restrictivo y prohíbe alguno de esos componentes, lo que aprovechan también las redes para traficar con él.
Aunque los países de origen asiático, fundamentalmente China e India, se confirman año tras año como la principal fuente de productos acabados ilegales o de esos componentes que las redes adquieren a granel para formularlos en la UE sin control oficial, en algunas ocasiones su procedencia es Latinoamérica.
Como ejemplo puede servir una actuación del Seprona en Murcia junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera con 7 investigados y 23 toneladas de productos prohibidos en España incautadas. Los fitosanitarios provenían de China, los empaquetaban en Italia y llegaban a nuestro país por mar a través de una empresa afincada en Valencia.
En otra operación, la Guardia Civil descubrió en un partida de 4.000 kilos de pesticidas. Algunos estaban prohibidos y cancelados desde hacía 13 años por su afección a la salud y al medio ambiente.
Las inspecciones: 100 toneladas incautadas y 38 detenidos
El Seprona ha llevado a cabo tres campañas de control con el balance de 100 toneladas de fotosanitarios incautadas y 38 detenidos y/o investigados.
Así, en la de 2021 llamada Silver Axe VI realizó 952 inspecciones, levantó 576 infracciones administrativas y 9 penales, detuvo o investigó a 5 personas e incautó unas 10 toneladas de productos ilegales.
Ya en la Silver Axe VII en 2022, las inspecciones aumentaron a 1.084, con 480 infracciones administrativas, 21 penales, 10 detenidos y 23.653 kilos incautados.
Mientras en la Arís, en 2023, las inspecciones se triplicaron hasta las 3.203, con 785 infracciones administrativas, 59 penales, 23 detenidos o investigados y 61.661 toneladas intervenidas.
Ahora el Seprona lleva a cabo una acción bianual 2024/25 cuyos resultados no se han cerrado.
Las penas por estos delitos no son muy altas, pero la directiva de la UE sobre delitos medioambientales que entrará en vigor en mayo de 2026 facilitará el trabajo de los agentes y, a la vez, permitirá condenas más contundentes. EFE
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